El gobernador hizo un llamado para que, en la asignación de tierras, se priorice a las 110 mil víctimas del conflicto armado registradas en Risaralda, como parte del compromiso con la reparación integral y la justicia social.
El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, se pronunció tras finalizado un Consejo de Seguridad Extraordinario sobre las ocupaciones ilegales de predios en los municipios de Balboa y Belén de Umbría.
Durante su intervención, el mandatario hizo un enfático llamado a la comunidad campesina para que no se deje engañar por promesas falsas de entrega de tierras, realizadas por personas inescrupulosas que buscan generar desinformación y conflictos.
El Gobernador reiteró su rechazo contundente a las invasiones en terrenos privados y aseguró que la Gobernación está acompañando a los propietarios afectados en la presentación de las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de garantizar que estos hechos sean investigados y sancionados conforme a la ley.
“El llamado es al respeto a la propiedad privada, al respeto a la institucionalidad y a abrir nuevamente ese espacio de diálogo con los campesinos del departamento de Risaralda. Las alcaldías municipales y la administración departamental están prestos a brindar cualquier tipo de información sobre los puentes que puedan establecerse con el Gobierno Nacional y las distintas agencias que están generando la reforma agraria en el país, incluyendo el departamento de Risaralda”, expresó el gobernador.
Asimismo, el mandatario anunció que se solicitará un informe a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para conocer cómo se llevará a cabo la entrega de predios en el marco de la política de reforma agraria del Gobierno Nacional.
Por su parte, el comandante de Policía del Departamento de Risaralda, Coronel Héctor García Acevedo, informó que todo el personal de la Policía se encuentra desplegado en el territorio, con instrucciones claras para los comandantes de estación y subestaciones de mantener contacto permanente con la comunidad y recibir información sobre posibles invasiones a los predios.
“Existe un procedimiento administrativo en la Ley 1801, Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, mediante el cual se realizan acciones preventivas ante perturbaciones. Esto incluye el acompañamiento de inspectores de Policía y de la primera autoridad municipal, que es el alcalde, además de las autoridades competentes que promueven el diálogo ante cualquier alteración a la tenencia o posesión de los predios”, explicó el coronel García.
A su turno el director de la Cárder, Julio César Gómez Salazar, dijo que la autoridad ambiental está vigilante para evitar que estas acciones de invasiones no afecten el ecosistemas con la tala de árboles, quemas, contaminación de las aguas, afectación sobre las zonas de reserva.
Destacó la articulación que se ha logrado con todas las autoridades para hacerle frente a estos fenómenos dados, de alguna manera, por la expectativa de la entrega de tierras por parte del Gobierno nacional, sin seguir los canales y procedimientos legales.
Finalmente, el gobernador destacó que las autoridades locales y departamentales continuarán trabajando de manera conjunta para restablecer el orden en las zonas afectadas, privilegiando el diálogo, la concertación y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.
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