Exalcalde Maya, y otros, con medida de aseguramiento en centro carcelario por caso de Av. Los Colibríes

Foto: Fiscalía

En las investigaciones fue detectado un presunto direccionamiento para beneficiar a un contratista específico, apropiación de dineros y otras irregularidades. Implicados interponen recurso de apelación que será definido la próxima semana.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del exalcalde de Pereira (Risaralda), Carlos Alberto Maya López, el exsecretario de Infraestructura de la misma ciudad, Milton Hurtado García, y el interventor José Alberto Rojas Prieto, como presuntos responsables de las irregularidades detectadas en el proceso de contratación de la construcción de la Avenida Los Colibríes, que inició entre marzo y abril de 2021 y se extendió hasta diciembre de 2023.

El proyecto contempló una obra de 3.400 metros, por un valor superior a 32.037 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que el presupuesto no estaba asignado ni los estudios previos terminados; sin embargo, el contrato fue celebrado con un oferente específico, desconociendo lo dispuesto en la normatividad vigente.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Asimismo, se estableció que, al iniciar los trabajos en el terreno, la administración municipal habría solicitado verbalmente cambios al trazado, los cuales no estaban contemplados en la licitación. De esta manera, se dispuso pasar de cuatro a seis carriles, y ubicar subterráneamente las redes eléctricas. Para la Fiscalía, estas modificaciones debían tramitarse en un contrato nuevo por tratarse de objeto distinto al definido.

Estos cambios, al parecer, motivaron dos adiciones presupuestales, una por 16.000 millones de pesos y otra por 4.300 millones de pesos, las cuales se desembolsaron sin que fuera ejecutada la obra. Esto generó un detrimento patrimonial de 12.000 millones de pesos.

En el curso de la investigación se acreditó que la Alcaldía de Pereira presuntamente consignó información falsa en las actas para girar los dineros al contratista. A esto se suma el concepto de interventoría, que daba por cumplida la responsabilidad civil, cuando la realidad era otra. Esto también facilitó el flujo de los recursos.

Por estos hechos, Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Risaralda imputó al exalcalde, al exsecretario municipal y al interventor, de acuerdo con su posible participación, los delitos de falsedad ideológica en documento público; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y prevaricato por acción.

Los procesados no aceptaron cargos y deberán cumplir medida privativa de la libertad en centro carcelario. Ellos interpusieron recurso de apelación que será definido la próxima semana.