viernes, 18 de agosto de 2023

En Risaralda, la Contraloría General ha identificado 27 proyectos críticos por $135.049 millones

En el seguimiento de la CGR a través de la estrategia Compromiso Colombia, las nuevas construcciones y las ampliaciones a cargo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) son las que más preocupan a la ciudadanía. 

La Contraloría General de la República ha identificado en el departamento de Risaralda 27 proyectos por $135.049 millones dentro del Diagnóstico de Elefantes Blancos u Obras Inconclusas y Proyectos Críticos. 

De estos proyectos 17, por $96.587 millones, siguen activos en el diagnóstico como proyectos críticos y son en su mayoría del sector educación.  

En el diagnóstico no hay ningún proyecto categorizado como Elefante Blanco. 

En el departamento de Risaralda, el sector con mayor cantidad de recursos comprometidos es Educación con un valor de $ 93.780 millones, y siguen en su orden; Minas y Energía con un valor de $ 1.971 millones y Transporte con un valor de $ 836 millones. 

Elefantes Blancos u Obras Inconclusas y Proyectos Críticos Risaralda 

Cuadro: Contraloría General de la República

El municipio con mayor cantidad de proyectos es: Santa Rosa de Cabal con 5, seguido de Apía con 3 y Dosquebradas y La Virginia con 2 cada uno. 

Así mismo, Santa Rosa de Cabal es el municipio con mayor cantidad de recursos comprometidos, con $31 mil 013 millones. 

El proyecto registrado en el diagnóstico con el mayor valor de recursos es el Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal sede Pedro José Rivera Mejía, con $10 mil 711 millones. 

Seguimiento y acciones de la estrategia Compromiso Colombia 

Desde la vigencia 2021 la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana incorporó las obras financiadas por el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa – Ffie al seguimiento del diagnóstico y a las acciones de facilitación de la estrategia Compromiso Colombia, con el propósito de vincular a la ciudadanía en la vigilancia de los proyectos y conseguir que se terminen, luego de las problemáticas que afronto el Fondo con algunos de sus contratistas. 

En el caso de Risaralda, la Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Departamental Colegiada de Risaralda, ha acompañado a la comunidad educativa de las instituciones educativas Popular Diocesano de Dosquebradas y Laburé de Santa Rosa de Cabal en diálogos participativos, cuyos compromisos de todos los actores permiten avizorar su entrega antes de que termine el 2023. 

En el caso de la I.E. de Dosquebradas, está pendiente el inicio de las obras para la construcción de un conector de aguas lluvias, una obra adicional que tuvo que ser contratada por la Alcaldía, y cuya falta provoca retrasos y dilaciones en las obras que el Ffie debe realizar. Ya se suscribió el acta de inicio y la comunidad espera que las obras se adelanten sin novedad. 

Otra situación se evidencia en las I.E. Sagrada Familia y Santo Tomás de Aquino en Apía y La Presentación, en La Virginia. En Apía, la comunidad educativa espera que el Ffie tome las decisiones administrativas que corresponden para que el contrato actual para la IE Sagrada Familia se liquide o se ceda, dando vía libre a un nuevo contratista para que termine el proyecto, como una medida para resolver las dificultades del contratista actual. 

En el caso de la I.E. La Presentación en La Virginia, la obra ha encontrado dificultades en su ejecución, puesto que los ejecutores están a la espera de un análisis técnico del que dependen ajustes a los diseños y que podría significar reconstruir frentes de obra que ya se habían culminado. Estos retrasos afectan el cronograma y el equilibrio financiero del proyecto, con lo que la veeduría ha manifestado su preocupación por el riesgo de que la infraestructura no se pueda terminar. 

La Contraloría General de la República hace un llamado a las entidades territoriales y nacionales para que, en el marco de la coordinación de las acciones estatales, prioricen la atención de estos temas y respondan a la comunidad con acciones concretas que permitan garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas de Risaralda. 

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