Tranquilos que no pasa nada

Por: Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

A mediados del pasado mes de septiembre, el Tribunal Administrativo de Antioquia expidió sentencia de segunda instancia a la acción popular por el caso del desplome del edificio SPACE en Medellín, que causó la muerte de 11 personas, dejando además varias decenas de familias sin vivienda. La sentencia

de primera instancia condenó al Municipio y a los constructores a pagar indemnizaciones cercanas a $31.000 millones de pesos, y señaló la responsabilidad y maridaje de estos con el Curador Urbano.

Lo que ocurrió con el SPACE y con no menos de 10 edificios más que deberán ser demolidos en la capital antioqueña, es el resultado del afán de lucro de constructores y diseñadores, plata es plata, dicen muchos. Pero también hay que afirmar que más del 60% de las obras que se construyen en el país, y que por ley deben obtener licencia urbanística expedida por curador urbano o autoridad municipal competente, son informales, pues se adelantan sin este requisito, y de estas, en el 95% de los casos no actúa ningún profesional de la ingeniería o arquitectura.

Esta grave situación ocurre desde siempre, no obstante la expedición de normas al respecto y las experiencias sufridas en los diferentes sismos y derrumbes de edificaciones en la etapa de construcción. En el área metropolitana Pereira- Dosquebradas existe una muy débil, corrupta y deficiente función de las autoridades en el cumplimiento de la obligación constitucional y legal de ejercer vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el fin de asegurar que posean la licencia de urbanismo o de construcción, cumplan las normas NSR y en relación con los materiales las normas ICONTEC, y las disposiciones contenidas en los planes de ordenamiento territorial.

La ausencia de la respectiva licencia y nula vigilancia y supervisión técnica produce graves daños a la sociedad en su conjunto. Lo primero es que la construcción informal genera la vinculación de trabajadores en condiciones indignas e injustas, pues no se les reconocen el pago de salarios justos y sus prestaciones sociales, y mucho menos cumplen con la aplicación del sistema de riesgos laborales. Son muchos los obreros que han fallecido y sufrido accidentes de trabajo con graves lesiones o incapacitados de por vida, sin que tengan ellos y sus familias la debida protección social. Esto ocurre en construcciones adelantadas en estratos altos, medios y bajos, la informalidad no respeta condición. Para la muestra lo que ocurre en Pereira el sector de Malabar donde la informalidad está a la orden del día, hasta el Municipio les permitió instalar caseta de control en la vía de acceso, solo pueden ingresar propietarios o los que estos autoricen.

Otra consecuencia de la ausencia de licencia o la obtención de una en modalidad no conforme es el daño patrimonial al municipio con la evasión en el pago de los impuestos de construcción, deberes urbanísticos, áreas de cesión y plusvalía. En muchos casos estas edificaciones son dedicadas a usos no conformes generando alteraciones y perjuicios en comunidades vecinas. En Pereira hay innumerables de estos últimos casos.

Una nueva problemática asociada a esta informalidad, nulo control, y afán antisocial de muchos propietarios de suelo rural, ante la prohibición de parcelar estas tierras para vivienda por las estrictas normas al respecto, es la partición sin licencia de fincas mediante la figura de venta de lotes en común y proindiviso, donde el comprador comparte la titularidad con una o más personas, lo que se considera una comunidad de bienes o copropiedad. Figura establecida en nuestro código civil que no aplica para la actividad urbanizadora, y por consiguiente los compradores no pueden obtener la respectiva licencia de construcción. Muchos de ellos son engañados y otros adquieren a sabiendas de los que están haciendo.

No se conocen acciones efectivas por parte de la PGN en vigilar el cumplimiento de esta obligación por parte del Concejo y el alcalde. Los daños causados por constructores y propietarios de las obras son imputados siempre a la entidad estatal, pues se actúa de manera indolente, creando riesgos para las personas, hecho efectuado siempre de conocimiento público, sin que se adopten las medidas que impidan el origen de tales perjuicios. Se debe garantizar la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos, recordemos lo ocurrido en el Portal de La Villa, esta catástrofe se pagará con nuestros impuestos. El próximo sismo nos pasará cuenta de cobro.