La grave crisis del agua potable en el sector rural de Pereira

Por: Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

 Prioridad para los grandes negocios, porque para los pobres no alcanza.

Según información de la secretaria de Salud de Pereira, hay 57 organizaciones comunitarias que prestan el servicio de dotación de agua potable en el área rural

y están inscritas en ese despacho, de las cuales solo hay 23 inscritas ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Del total, cuatro: Caimalito, La Carbonera, Amoladora Baja y Llano Grande Alto, tienen el índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano Irca (indicador para determinar el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el consumo de agua) con riesgo muy alto, mientras treinta y cuatro registran riesgo alto y apenas diecinueve aparecen sin riesgo. El informe que revela estas graves cifras, muestra que Caimalito y La Carbonera son inviables sanitariamente.

Esta grave situación es consecuencia de que el Municipio desconoce su obligación constitucional de garantizar la prestación del servicio público de agua potable al sector rural. Esto queda ratificado con los testimonios que la secretaria de Desarrollo Rural dio al Juzgado Primero Administrativo al responder una acción popular presentada por la Procuraduría Ambiental y Agraria demandando que el Municipio garantice el acceso a los servicios de agua y saneamiento de la comunidad del poblado San Carlos del corregimiento de Arabia. 

Increíblemente el Municipio, además de no brindar el apoyo necesario a los acueductos rurales, declara en un documento que son los acueductos de esas comunidades pobres, los responsables de la calidad del agua. Y pregunto ¿dónde está la Secretaría de Salud en estos casos?

Según su titular la responsabilidad de la prestación del servicio es de la Asociación de Usuarios que administra el acueducto San Carlos y no del ente territorial, pues este último ha actuado de manera diligente, contrario a la falta de compromiso de esta agrupación civil; agrega que “no se ha identificado el daño ni la existencia del deber legal de asumirlo en cabeza del municipio”, y concluye, “las funciones del Municipio se contraen a prestar acompañamiento técnico en la legalización del acueducto y en el cumplimiento de los requisitos ambientales para la prestación del servicio público, las cuales han cumplido a cabalidad”.

Mientras gran parte de nuestra población rural consume agua con excrementos humanos, los alcaldes se han dedicado a gobernar para sus intereses electorales y los grandes negocios de los financiadores de campaña. En estos gobiernos no cuentan los derechos de los ciudadanos humildes, ellos están excluidos, seguirán así por muchos años más, sin acceso a agua potable, salud, vivienda digna y educación pública de calidad, mientras sigan gobernando estos desalmados.

Para la muestra sobre lo anterior algunos hechos recientes. No obstante que la ley ha dispuesto que los municipios son los responsables de la promoción y prevención de la salud de sus habitantes, y que los niveles dos y siguientes están a cargo del Departamento, la Alcaldía de Pereira donó a la gobernación un predio de 138.000 M2 en el sector de Cerritos, la zona más costosa de la ciudad, para un hospital de 4° nivel, parte del predio fue adquirido para construir vivienda de interés social, la misma que les niega a miles de familias que la reclaman. 

Sostiene el Municipio que no tiene recursos para mejorar la infraestructura de agua potable del sector rural, pero adiciona el pasado mes de agosto $1.758 millones a un contrato de diseño de vías en ejecución de $3.515 millones, y está convocando un concurso de méritos para diseñar el sistema vial del hospital de 4° nivel por $2.412 millones.

El camino para resarcir los derechos de los ciudadanos al agua potable esta fincada en la acción popular de las familias de San Carlos, no obstante que la alcaldía abusa de la función y del patrimonio público al incumplir las medidas cautelares ordenadas, menospreciando a los jueces, por lo cual se ha solicitado al Juzgado se decrete el desacato y por otro lado en las acciones disciplinarias que se impongan a los responsables de este incumplimiento. Con los actuales gobernantes no se garantiza acceso al agua potable a miles de familias que habitan el sector rural del municipio, hoy condenadas al atraso.