¿Dónde quedó el principio de transparencia?

Por: Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

Fueron los pronunciamientos de algunos funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) en Bogotá, por los cuales se conoció que, debido al aumento astronómico de nuevos cargos de planta, entre las ciudades escogidas para estrenar nueva sede ampliada, se encontraba la ciudad de Pereira. Por ellos conocimos que para ese fin la CGR, poseía un convenio interadministrativo con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (Anim), para sumar esfuerzos y desarrollar una gestión inmobiliaria que persiguiera la adquisición de predios e inmuebles para atender sus nuevas necesidades institucionales.

Según lo verificado, para la adquisición de un inmueble ubicado en la carrera 10 No 42-29 de la ciudad, la CGR autorizó y confirmó la propuesta técnica presentada por el proponente el 25 de enero de 2021, mediante oficio del 24 de enero, y radicado en la Anim el 26 de enero, para que se procediera a su adquisición, por un valor de $ 12.157 millones, que comprende el costo del terreno y el edificio en obra gris por $5.185 millones y la obra de los acabados por $ 6.972 millones, contrato de promesa de compraventa suscrito bajo la figura de contratación directa. 

La edificación adquirida por el ente de control fiscal para sus oficinas en Risaralda, corresponde entonces a un edificio abandonado, que fue diseñado inicialmente para albergar consultorios médicos que atenderían enfermedades de epilepsia y párkinson, como así lo señalaba su licencia urbanística inicial de 2015.

El edificio incluido en el objeto del contrato de promesa compraventa, fue adquirido por el proponente mediante escritura pública del 19 de diciembre de 2020, por un valor de $3.200 millones, acto notarial celebrado tres días antes de que la CGR solicitara un estudio de títulos y once días después de que se tuviera listo el citado documento que revisa la tradición del inmueble. Lo que demuestra, que el visionario proponente al adquirir el edificio de segunda al Leasing Bancolombia, ya sabía que la CGR se lo compraría en el corto plazo, un negocio redondo.

El 5 de febrero de 2021, la Subdirección de Estudios y Ejecución de proyectos de la Anim, remite oficio a funcionarios de la Dirección de Bienes e Infraestructura de la CGR haciendo las siguientes advertencias alrededor de la propuesta aprobada: “no se puede evidenciar y clarificar su costo real ni garantizar realmente la entrega de un proyecto terminado que cumpla con todos los requerimientos para un adecuado funcionamiento de la CGR” y “en resumen, la propuesta de construcción del proyecto no se garantiza con esta propuesta y no es claro el cronograma de ejecución menos de especificaciones para la construcción de los mismos”. 

Finalmente, todo lo anterior desembocó en que el pasado 24 de marzo, se firmara el contrato de promesa de compraventa entre Fiduciaria Colpatria S.A, como vocera y administradora de los patrimonios autónomos de la CGR para este fin y el Grupo Rivera proponente del proceso.

Una vez suscrita la promesa, el proponente procedió el 29 de marzo a solicitar ante la Curaduría Urbana primera de Pereira, licencia urbanística de modificación con uso Comercial, la cual fue en efecto concedida el pasado 28 de junio con uso Comercial y/o Servicios no obstante de  requerirse para uso Institucional, tal como lo expresó la misma Anim, quien en oficio del 8 de junio de 2021, indicó  que:  “debe ser concedida mediante acto administrativo con uso Institucional, o Equipamiento Colectivo que permita el funcionamiento de la Gerencia colegiada de Risaralda”. Y tal como está mostrado, lo anterior en nada se cumplió.

Estas son algunas de las muchas justificaciones, que desencadenaron la presentación de una Acción Popular, ya admitida por el Tribunal Administrativo de Risaralda y en estudio de la solicitud de medida cautelar, que pretende suspender las irregulares obras alrededor del edificio Maraya. 

Lo único que demandamos, es que se cumpla el precepto constitucional del principio de transparencia en la contratación pública. Tal como lo expresaba un arquitecto de la ciudad: “¿Cuáles son las razones para que los profesionales locales del sector de la construcción, no puedan ofertar o proponer un buen proyecto como sede del máximo órgano de control fiscal de la nación?”