Por: Uriel Escobar Barrios, M.D. *
La manera cómo los individuos se relacionan con ellos mismos y con sus semejantes permite hacer una lectura sobre el tipo de sociedad o país donde viven: el comportamiento de las sociedades varía de manera sustancial de una nación a otra.
En términos generales –porque siempre existirán las excepciones–, en los países que se han denominado primermundistas, para hacer referencia a que han logrado un alto índice de desarrollo humano, existe no solo una buena calidad de vida con todos sus indicadores (sanidad, esperanza de vida y calidad de servicios), sino también una cultura ciudadana basada en el respeto por lo colectivo, y en la mayoría de las personas se han introyectado los valores que permiten una convivencia que privilegia la dignidad de todos sus congéneres.
En los países denominados tercermundistas sucede una situación contraria: hay un robo continuado de los recursos que le pertenecen a toda la comunidad, y no solo eso, sino también una conducta dolosa para apropiarse, para sí o para su círculo de poder, el mayor número de estos.
En Colombia, en todos los estratos sociales se acepta el precepto de “hecha la ley, hecha la trampa”, y quién siendo funcionario público maneja recursos y no se enriquece de la noche a la mañana es visto como un tonto o alguien que no tiene “aspiraciones de llegar lejos”.
Uno de los últimos escándalos en este sentido fue el protagonizado por la ministra de las TIC, Karen Abudinen, quien debió renunciar debido a un contrato fraudulento que se firmó entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados. En este momento, no solo los 70 mil millones que se dieron como anticipo están perdidos, sino que se han afectado los niños de 7000 escuelas rurales, pues no podrán tener acceso a internet.
Ese es apenas uno de los tantos escándalos de corrupción que campean en las altas esferas del poder en el país. Para afrontar los estragos que ha provocado la epidemia del Coronavirus, el gobierno nacional decretó la emergencia sanitaria que aún va hasta el 30 de noviembre del 2021. Siguiendo el hilo de esta exposición, definitivamente, la corrupción es la más grave enfermedad que en este momento carcome el alma nacional.
Urge que el presidente de la República declare la emergencia moral, que permita proteger los recursos públicos que pertenecen a todos los colombianos, y que estos no sean esquilmados por funcionarios que no han recibido la vacuna de los principios éticos en que se debe fundamentar su actuar como individuo que pertenece a una sociedad. El reto es brindar un voto de confianza para elegir en las urnas de la próxima contienda electoral a personas que representen una manera más pulcra de manejar los recursos públicos. www.urielescobar.com.co
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