El derecho a la muerte
Por: Uriel Escobar Barrios, M.D. *
El propósito de la existencia humana es que el individuo experimente estados de bienestar físico y psicológico y que, además, pueda evitar las situaciones que le generen sufrimiento. Este postulado fue la enseñanza que el Buda le legó no solo a sus discípulos, sino al resto del mundo hace cerca de 2.600 años.
El desarrollo de una sociedad debe centrarse de manera prioritaria en que todos sus integrantes puedan cumplir tal principio, que les garantice una vida en condiciones dignas. Precisamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas expidió en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerados inherentes a todas las personas independientemente de su nacionalidad, género, origen étnico, religión, idioma o cualquier otra condición. En este contexto, la vida como derecho fundamental debe ser garantizada a través del derecho a la alimentación, la educación, el trabajo, la salud y la libertad, entre otros.
En la mayoría de los países del mundo estos derechos son vulnerados, lo cual es, sin duda, un indicador de su pobre nivel de desarrollo. Estas consideraciones me permiten analizar un caso que sucedió recientemente en Colombia: Yolanda Chaparro y la lucha que le ha tocado librar por cerca de 2 años para elegir en plena libertad su derecho a morir de una manera digna. Veamos la situación. Yolanda es una mujer que a sus 71 años considera que ha cumplido sus propósitos vitales: ser educadora, líder comunitaria, madre y abuela.
A principios de 2019 tuvo varias consultas médicas, después de las cuales los facultativos llegaron a una conclusión: padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Se trata de una enfermedad que compromete las células nerviosas o las neuronas del cerebro, del tronco cerebral y de la médula espinal, las responsables del movimiento de los músculos. Por ser de evolución crónica y progresiva con el tiempo provoca debilitamiento muscular, que termina con la muerte de la persona a los dos o cinco años de haber sido establecido el dictamen médico.
Desde el mismo instante en que a Yolanda le informaron cuál era su diagnóstico, ella y su familia han tenido que batallar arduamente no contra la ELA, sino contra una sociedad que por más de un año le ha negado el derecho fundamental que tiene una persona que no desea sufrir las consecuencias dolorosas de una enfermedad que la incapacita cada vez más: la libre elección de su propia muerte.
En varias oportunidades su solicitud no fue aceptada por “no calificar para el procedimiento de la eutanasia”. Pero hoy, por fin, a Yolanda se le reconoció el derecho inalienable que tiene un ser humano para elegir el momento de su muerte cuando se ve enfrentado ante una situación irreversible, dolorosa y que conlleva a la pérdida de su libertad y dignidad.
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